América Latina en ebullición

Una demanda de derechos políticos, económicos y sociales

En las protestas que desde hace más de dos años sacuden América Latina – que en muchos países estallaron casi simultáneamente en la segunda mitad de 2019 – confluyen razones políticas y socio-económicas. Se trata de crisis políticas que cuestionan la gestión del poder como tal, no sólo programas o medidas específicas, y crisis sociales que ponen en tela de juicio las formas en que la desigualdad se manifiesta en el continente más desigual del mundo: en su conjunto la pobreza se ha reducido, pero mientras la base de la pirámide social sube algo, los estratos altos se distancian cada vez más del resto de la población. Es notable que, a pesar de sus diferentes “marcas ideológicas”, tanto gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha se estén enfrentando a movimientos de masas que ponen sobre la mesa los mismos temas: la inclusión económica y social, las libertades democráticas, la transparencia institucional, la lucha en contra de la corrupción, el acceso a los servicios sociales y su calidad, los derechos humanos, la necesidad de liberar sistemas políticos infiltrados por las organizaciones criminales y el narcotráfico. Alrededor de estos problemas se han movilizado grandes sectores de la población de un abanico de países latinoamericanos, desde realidades muy pobres como Nicaragua, Honduras y Haití hasta Chile, un país por largo tiempo indicado como ejemplo del subcontinente (“un verdadero oasis en una América Latina convulsionada”, había dicho el presidente Piñeda pocos días antes del estallido de las protestas).

Mirando en retrospectiva, se nota que todas las razones de las protestas que atraviesan el continente latinoamericanos – pacíficas en su gran mayoría – eran visibles antes que los movimientos adquirieran forma, sin embargo ningún político o analista llegó a prever lo que luego sucedería, a la vez que los movimientos han tenido la capacidad de leer, interpretar y reinventar lo que internet difundía en tiempo real tanto dentro de los países como entre un país y otro (basta pensar en el papel de las redes sociales en la organización y la rápida extensión de las protestas en Nicaragua a partir de abril de 2018 o la rapidez con lo que acontecía en Ecuador se difundió en Bolivia y Chile hasta “contagiar” a Colombia). Más en general, la interconexión global permite que los pueblos latinoamericanos perciban como nunca antes las desigualdades económicas y sociales en sus países y el nivel de corrupción y autoritarismo del poder, independientemente del color político del que lo ejerza.

Es interesante notar como en todos los países la forma con la que las protestas iniciaron y se extendieron fueron similares. Todas han tenido un detonador específico y en algunos casos de dimensiones limitadas: en Nicaragua el factor desencadenante fue la reforma del seguro social, en Ecuador el encarecimiento del combustible, en Chile el alza en el transporte púbico, pero a partir de estas “mechas” se han venido desarrollando movimientos de masas que contrastan el sistema político, económico y social de sus respectivos países. El empuje adicional fue determinado por la represión de las fuerzas policiales y militares o incluso por formaciones paramilitares actuando en coordinación con los antimotines.

Distinto, sin embargo, ha sido el orden de las prioridades: en Nicaragua y Honduras se el énfasis ha sido puesto en el carácter autoritario y la falta de transparencia de los gobiernos (de colores políticos opuestos), acompañados en ambos países por la reelección presidencial a pesar de lo establecido en las constituciones. La autocracia presidencial fue también la causa de la crisis boliviana tras resultados electorales dudosos (el blackout en el flujo de informaciones sobre el conteo de votos fue una réplica perfecta del que aconteció en Honduras en 2017, cuando todo indicaba que el candidato de la izquierda iba a ganarle al presidente saliente Juan  Orlando Hernández, quien se había vuelto a postular después de haber conseguido que la Corte Suprema ratificara la sentencia del Tribunal Electoral que declaraba “inconstitucional” el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial). En Chile las protestas se han centrado en el sistema económico-social herencia de la dictadura de Pinochet, un modelo neoliberista “puro” con una privatización generalizada de los servicios (hasta del seguro social) y una aguda polarización social que excluye una cuota enorme del país. La CEPAL escribe que al 50% de las familias chilenas les llega apenas el 2.1% de la riqueza producida.

Compresión de los salarios, manos libres a los inversores internacionales, servicios públicos reducidos en cantidad y calidad, colusión entre gobiernos y grandes empresas privadas, son los rasgos que caracterizan el escenario económico de la gran mayoría de los países de América Latina. Tal como se dijo, el rechazo hacia una gestión opaca, autoritaria y corrupta de las instituciones va de la mano en muchos países con el rechazo hacia un modelo económico que ha generado graves desigualdades y exclusión más de lo que puedan indicar los datos macroeconómicos.

En todos los países un rol muy importante lo han jugado los movimientos de mujeres, que han complementado las reivindicaciones sociales con la lucha contra la violencia y el machismo, a partir del que acecha en el poder institucional hasta las formas presentes en todos los sectores de la sociedad.

En casi todas las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en América Latina entre 2017 y 2019 ganaron las fuerzas opositoras, con la excepción de Costa Rica y Paraguay. Casos a parte son las elecciones en Nicaragua (final de 2016), Venezuela, Honduras y Bolivia, donde irregularidades graves, fraudes e intimidaciones fueron denunciadas por la oposición, fuerzas sociales y observadores internacionales. Son de remarcar además las recientes elecciones administrativas en Colombia donde, apenas un años después de la victoria del candidato presidencial derechista Iván Duque, triunfaron fuerzas de oposición, entre las cuales resalta la coalición ambientalista que gano la alcaldía de Bogotá.

Es además de recordar que entre octubre de 2018 y octubre de 2019 tuvieron lugar en los mayores países de América Latina elecciones presidenciales que han llevado al poder a fuerzas radicalmente opuestas a las precedentes: el soberanista Bolsonaro sucedió en Brasil al largo periodo de gobiernos de izquierda de Lula y de Dilma Rousseff; en Argentina el triunfo de la coalición de centroizquierda de corte peronista con Alberto Fernández presidente ha marcado el cambio frente a la derecha de Mauricio Macri. Y en México salió ganadora la propuesta progresista de López Obrador. También estos países se ven atravesados por problemas de gran complejidad, capaces de generar fracturas profundas en las sociedades latinoamericanas: la política abiertamente antiambientalista y antindigenista de Bolsonaro está causando fuertes movilizaciones de la oposición social en un contexto muy tenso por el caso político-judicial en el que está involucrado el expresidente Lula y por las relaciones abiertas entre el fiscal que obtuvo su condena y el gobierno de Bolsonaro. El presidente Fernández tendrá que lidiar con la grave crisis económica argentina tratando de dar respuestas tanto a los sectores sociales empobrecidos como al FMI. López Obrador tiene una agenda compleja que requiere acciones concretas para combatir la violencia, los carteles del crimen organizado y la corrupción. Así mismo hay que favorecer la inclusión económica y social de los amplios sectores sociales que le dieron su confianza con el voto, a la vez que mantener la inevitable negociación permanente con Estados Unidos sobre seguridad, lucha contra el crimen organizado, migración y comercio.

Aunque prevaleció lo que algunos analistas llaman “voto castigo”, no se puede dejar de remarcar que las fuerzas políticas de oposición parecen no haber jugado un rol significativo en los movimientos de protestas que están estremeciendo América Latina: tal como sucede a menudo, también en estos casos las dinámicas sociales fueron mucho más rápidas que la política.

Inseguridad social, instituciones sin credibilidad, “fatiga democrática”

En contextos distintos, los observadores repiten un mismo concepto: nada volverá a ser como antes, ni en los países en los que la elección de un modelo neoliberista fue explícito – como es el caso de Chile, Colombia u Honduras, - ni en aquellos donde el discurso oficial parecía indicar un camino distinto, a veces de manera puramente retórica y a veces a través de medidas que por mucho tiempo abrieron de hecho espacios de participación e inclusión a sectores de población – sobre todo indígena y campesina – que siempre había quedado excluida, como fue en Bolivia o en el Ecuador de Correa, pero terminaron construyendo mecanismos que amplios sectores de población vieron como autoritarios y depredadores de recursos naturales, no muy distintos de los que se decía querer combatir: un ejemplo es la posición expresada por organizaciones campesinas ecuatorianas y bolivianas las cuales, al rechazar de manera radical las posiciones de la derecha en el gobierno o en la oposición, tomaron clara distancia del llamado “Socialismo del Siglo XXI” (en lo concreto, del gobierno de Evo Morales y los llamados desde Bélgica del expresidente ecuatoriano Correa). Un ejemplo de ello son las acusaciones de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA al gobierno de Evo Morales por los incendios en la región amazónica en agosto de 2019 achacados a la voluntad de favorecer los intereses de grandes agricultores y ganaderos, una actitud similar a la del presidente Bolsonaro en Brasil.

Después de años de crecimiento sostenido en casi todos los países, hoy América Latina enfrenta un claro estancamiento económico. La CEPAL estima para 2019 una tasa de crecimiento regional del 0.1%. Dicha previsión refleja tendencias tangibles en todos los países de América Latina y el Caribe y según algunos analistas aumentan el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos después de un largo periodo en el cual, aún con todas las asimetrías indicadas, la perspectiva de un paulatino mejoramiento de sus condiciones de vida parecía algo fuera de discusión. A todo lo anterior hay que añadir en algunos países como Nicaragua y Haití el colapso de la ayuda venezolana, la cual había llegado abundante en los años pasados.

El mecanismo del crecimiento rápido ligado al precio internacional de las materias primas es muy peligroso para las clases dirigentes: en el corto plazo favorece el desplazamiento de importantes sectores de la población hacia la clase media, pero también los empuja con la misma rapidez hacia abajo cuando el precio se desinfla, aumentando de esta forma la percepción de injusticia social en los sectores afectados, la cual se combina con la protesta de aquellos que habían quedado excluidos en la fase de crecimiento y aún más durante la crisis. De esta forma se alimenta un profundo malestar hacia las élites políticas y económicas y la pérdida de consenso por parte de presidentes y partidos políticos que poco antes habían ganado las elecciones. Al crecer la incertidumbre social y económica, se derrumba la confianza en el gobierno y hasta en las fuerzas políticas en general, tanto las oficialistas como las de oposición. Con la excepción de Najib Bukele en El Salvador y Andrés Manuel López Obrador en México, todos los presidentes latinoamericanos no superan hoy una tasa de aprobación del 30%. Se difunde una especie de “fatiga democrática” que arranca desde la crítica a un sistema político rehén de grupos de poder que se convierte en crítica a un modelo de democracia donde la relación con la población se limita a la expresión de un voto cada cuatro o cinco años, con el riesgo de transformarse sucesivamente en un desencanto hacia la democracia como tal. En un continente que salió hace pocas décadas una larga noche de dictaduras militares se trata de una perspectiva alarmante. Hay que tomar en cuenta además el poder creciente de las fuerzas armadas y de policía en toda América Latina, desde Bolivia hasta Brasil, desde Nicaragua hasta Venezuela. La violencia ejercida por grupos minoritarios de protesta en algunos países puede alimentar la vuelta a la escena política de las fuerzas armadas y eventuales facciones golpistas “para reestablecer el orden”.

Prácticamente todas las fuerzas gubernamentales han atribuido el surgimiento y el desarrollo de movimientos de protesta que involucran a millones de mujeres y hombres a golpes externos dirigidos desde Washington o a estrategias insurreccionales promovidas por Cuba, Venezuela y los gobiernos y partidos aliados, evitando un análisis realista de la crisis de las sociedades latinoamericanas.

Las crisis latinoamericanas en el escenario internacional

Al analizar las crisis latinoamericanas hay que tomar en cuenta los intereses estratégicos de algunos actores clave como Estados Unidos, Rusia y China, aunque su presencia no pueda considerarse como el factor desencadenante de un malestar tan difundido.

Después de un largo período de sustancial desinterés de Estados Unidos hacia América Latina, el presidente Trump ha fijado algunas áreas de cooperación con gobiernos de la región en torno a aspectos prioritarios de la política estadounidense, el más conocido de los cuales quizás sea la relación establecida con el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú), una herramienta regional de apoyo a la oposición venezolana para el derrocamiento del gobierno de Maduro. Otra prioridad es representada por los acuerdos con México, Guatemala, El Salvador y Honduras para frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Es muy probable que el lanzamiento del programa de cooperación regional América crece en 2020 fortalezca los lazos entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. Por otra parte, la precedente política de apertura de la administración Obama hacia Cuba ha sido totalmente anulada con la consecuencia que la vuelta de ese país a las anteriores condiciones de aislamiento conduce inevitablemente a un estancamiento del proceso de autorreforma del sistema cubano.  A la vez, Estados Unidos ve con preocupación el creciente dinamismo económico-comercial de China en la región, así como la persistencia de relaciones entre Rusia y gobiernos considerados enemigos como los de Cuba y Venezuela.

¿Criminalización o diálogo?

La fuerte polarización de las sociedades latinoamericanas, la profunda crisis tanto de los modelos llamados “neoliberistas” como de los intentos de “revolución ciudadana” que se han convertido en sistemas autoritarios y autocráticos, el cuestionamiento popular de muchos gobiernos, todo esto plantea la necesidad de una profunda renovación de la democracia, los modelos económicos y las políticas sociales. Está en la mesa la necesidad de cambiar un sistema sofocado por el control de las élites, sean unas pocas “grandes familias” que en muchos países se van alternando en el escenario político-económico o bien partidos “casi-únicos” que han ocupado todas las instituciones gracias también a formas de presidencialismo sin reales contrapesos de poderes.

Frente a los primeros cuestionamientos muchos gobiernos reaccionaron a través de la criminalización de los movimientos. Sin embargo, en algunos casos estamos asistiendo a sucesivos procesos de apertura por parte del oficialismo que podrían convertirse en ejemplos concretos para todo el subcontinente: señalamos al respecto el proprio Chile, donde partidos de gobierno, partidos de oposición y fuerzas sociales han emprendido un diálogo para llegar a cambiar la Constitución (una nueva Constitución fue una de las reivindicaciones de la movilización social de octubre/noviembre 2019). También en Colombia se están generando mecanismos de concertación para encarar los problemas que están en la base del conflicto social, en un marco postbélico que tarda en estabilizarse (recordamos la muerte de tantos defensores de los derechos humanos y líderes rurales, junto con el rearme de sectores de la guerrilla y los paramilitares y el poder de las organizaciones criminales). Un sistema de diálogo ha comenzado a arrancar en Ecuador entre el gobierno de Moreno y los movimientos sociales.

Italia y Unión Europea: ¿Qué hacer?

En un cuadro de tal complejidad, Italia y la Unión Europea están llamadas a empeñarse por la democracia y la equidad social mediante sus instrumentos que fomentan el diálogo político y social. Este compromiso fue subrayado por la viceministra italiana de Relaciones exteriores y Cooperaciòn Internacional Marina Sereni en un reciente encuentro organizado por CeSPI, agregando que la Unión Europea podría jugar también un rol central en la agenda latinoamericana sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. Una renovada agenda euro-latinoamericana para consolidar la democracia podría declinarse en políticas de cooperación para la protección del medio ambiente, la promoción de los derechos laborales y la responsabilidad social y ambiental de las empresas, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y contra la deforestación, tal como previsto por el proyecto de acuerdo económico-comercial entre Unión Europea y Mercosur.

El abanico de temas de la agenda euro-latinoamericana es muy amplio y los contextos nacionales presentan también amplias diferencias, pero por ello mismo estamos recurriendo a un grupo de expertos para que nos ayuden a entender mejor lo que está pasando en los países de América Latina y nos propongan indicaciones para una acción más eficaz de los actores italianos y europeos para fortalecer la democracia y la inclusión social en un continente al que razones históricas y culturales sentimos tan cercano.

Sintetizamos en algunas preguntas los puntos que nos parecen centrales en esta búsqueda:

• ¿Es posible hablar de crisis estructural de los sistemas políticos latinoamericanos? ¿cuáles son los factores desencadenantes y cuáles los caminos para una renovación democrática?
• ¿Cuánto pesa en las protestas la fragilidad, que en algunos casos se convierte en inconsistencia, de las instituciones democráticas?
• ¿Cuánto han pesado intromisiones y condicionamientos extranjeros en las crisis y los movimientos de protesta?
• ¿Cuál es la capacidad de las organizaciones criminales nacionales, regionales e internacionales para influir en los escenarios políticos latinoamericanos? ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse para liberar a las instituciones de este acoso?
• ¿Cuál es el grado de apego a la democracia y los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la policía? ¿Sigue habiendo un peligro militarista en las sociedades latinoamericanas?
• Numerosos observadores hablan de la necesidad de un nuevo paradigma económico ¿Cuáles deberían ser sus características? El cambio climático y el desarrollo sostenible ¿constituyen las bases de la agenda del nuevo modelo económico latinoamericano? ¿Existen algunas experiencias latinoamericanas que sean motivo de inspiración?
• ¿Es posible definir un papel específico para Italia y la Unión Europea en la reconstrucción democrática de sociedades más cohesionadas e inclusivas?

Post scriptum (28 de junio de 2020)

El 26 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud de Brasil anunció el primer caso de un enfermo de Covid-19 en América Latina. Desde ese día, América Latina y el Caribe han visto la pandemia expandirse por toda el área, igual que en la parte norte del continente. La pandemia ha cambiado profundamente la agenda política de todos los países de América Latina. Las formas en las que se manifiestan las relaciones políticas, económicas y sociales se han modificado: en muchos casos las contradicciones estructurales y las críticas se vuelven más visibles y dramáticas. Muchas de los aportes las que llegaron a partir intervenciones del mes de marzo incluyeron la pandemia como una nueva dimensión del marco descrito en el documento de introducción, interpretando la dinámica de los países y regiones a la luz de la nueva realidad.