El gobierno mexicano y los desafíos de la pandemia
Introducción
A partir del 27 de febrero de 2020, que se detectó el primer caso de contagio del COVID-19 en México, se ha recorrido un arduo camino en el país. El mayor desafío ha sido incrementar las capacidades, suministros y recursos sanitarios, médicos y hospitalarios para proteger a los mexicanos del virus en un contexto nacional muy difícil. La respuesta del gobierno se ha visto complicada en gran parte por la histórica precariedad del sistema de salud nacional. Asimismo, la avalancha de desinformación que se desató desde el inicio ha complicado más la respuesta gubernamental. Aun así, y a pesar de diversas críticas, internas y externas, puede señalarse que la gestión del gobierno mexicano ha sido adecuada, dadas las difíciles circunstancias. El objetivo de la política mexicana anti-COVID-19 ha sido administrar la pandemia de forma que se pueda cumplir al máximo posible con la demanda de asistencia hospitalaria para los enfermos de COVID-19, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
En medio de grandes carencias hospitalarias y denuncias diversas de falta de insumos de protección al personal de salud, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado resistencia por parte de un grupo de gobernadores para implementar su estrategia contra el COVID-19. Asimismo, el gobierno ha sido objeto de críticas constantes por parte de partidos de oposición (principalmente PAN, PRD y PRI) así como de los principales medios de comunicación y algunos líderes de opinión y empresariales. Para ellos, la estrategia ha sido insuficiente y mal implementada, principalmente. por dos razones: 1) No se ha aplicado un número suficiente de pruebas para detectar contagios; y 2) Se ha subestimado y escondido información sobre la cifra real de fallecimientos por COVID-19.
Al 06 de junio de 2020, México había confirmado 120,686 enfermos de COVID-19 con una letalidad de 11.64% (14,053 defunciones). Al comparar a México, país de 120 millones de habitantes, con otros países, se observa que los casos confirmados en México están por abajo de Chile, Perú y Brasil. Asimismo, en letalidad México está por debajo de Francia e Italia y ligeramente arriba de España. Se puede afirmar que la estrategia gubernamental de alargar los períodos de contagio, con objeto de reorganizar su sistema de salud y reestructurar el sistema hospitalario, le ha permitido hasta el día de hoy contar con espacios esenciales para dar la atención hospitalaria demandada y no sufrir desbordamiento de dicha demanda, como sucedió en otros países.
El objetivo principal aquí es analizar y documentar cómo ha gestionado el gobierno mexicano la pandemia del COVID-19 y la respuesta de la sociedad y otros actores políticos (gobernadores de partidos opositores), empresarios y otros actores sociales, a la gestión del gobierno en México.
Contexto del sistema de salud en México previo COVID-19
La pandemia del COVID-19 arribo a México 13 meses después de que López Obrador llego a la presidencia, el cual asume el gobierno en un contexto de varias décadas de bajo crecimiento económico, alto porcentaje de la población en pobreza extrema, baja tasa de formalización del empleo y una marcada polarización social. Además, de un alto porcentaje de la población mexicana con padecimientos crónicos-degenerativos, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, obesidad y tabaquismo. A esto se le agrega un sistema de salud precario y desigual.
En los últimos quince años, la expansión del sistema público de salud estuvo cimentada sobre diversos subsistemas de salud; el llamado Seguro Popular, instituido bajo el gobierno del presidente Calderón (2006-2012), con el objetivo de atender a población abierta, esto es, sin otras formas de seguridad social, y diseñado bajo una estrategia de intervención del sistema de salud privado. En tanto, otros subsistemas de atención a la población con ocupación formal recibieron en este periodo una menor inversión, caracterizándose por su abandono, ineficiencia y altos grados de corrupción. Esta misma tendencia se mantuvo bajo el gobierno de Peña Nieto (2012-2018). Con la llegada del gobierno de López Obrador (2018-2024), el Seguro Popular es substituido en 2020 por el Instituto de Salud para el Bienestar, programa que generó un gran descontento entre algunos gobernadores, ya que la nueva estructura diseñada buscaba ejercer mayor vigilancia en el uso de recursos federales, exigía mayor coordinación con el gobierno central y otorgaba a estos actores menos capacidad de maniobra en el manejo de los recursos.
Según declaraciones del ejecutivo y su gabinete, una de las áreas en donde se concentró la mayor corrupción en el pasado fue precisamente en el sector salud, principalmente a través de la compra de medicamentos, equipamiento e instalación de hospitales y centros de salud. Un ejemplo es que el sexenio del presidente Peña dejó inconclusa la construcción de 300 hospitales presupuestados por su gobierno, y que ahora requieren presupuesto adicional para concluirse y equiparse.
Por ende, el mayor reto en el corto plazo ha sido reconvertir el sistema de salud para la atención al COVID-19, al mismo tiempo que prestar atención a otros problemas de salud asociados a la alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Además, al no contar con vacunas o medicamentos para contrarrestar el virus, ha sido necesario, por un lado, lograr el equipamiento requerido en un mercado en donde escaseaban ya estos equipos, tales como respiradores, ventiladores y todo lo que su funcionamiento implica. Y, por el otro, encontrar y contratar a personal especializado para atender esta emergencia, tarea que ha sido complicada por la poca disposición de varios de los gobernadores (de partidos opositores a MORENA, partido del Presidente y mayoritario en el Congreso) para apoyar el proceso, el cual se ha cruzado con el desmantelamiento del antiguo esquema de atención a la salud de la población abierta, hasta entonces manejado y administrado por los gobiernos estatales.
El inicio de la pandemia de COVID-19 y la estrategia del gobierno de López Obrador
La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del gobierno mexicano identificó a tiempo la gravedad de la epidemia y su posibilidad de que esta se convirtiera en pandemia. Desde los primeros días de enero de 2020, la Secretaría de Salud inició el diseño de la estrategia gubernamental para enfrentar el problema de emergencia sanitaria de orden global.
México ya había ya enfrentado en 2011 la epidemia de Influenza H1-N1 y había acumulado experiencia al respecto. Sin embargo, en esta nueva pandemia, el diseño de la estrategia de atención al COVID-19 estuvo desde su inicio en manos del Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer V, y su equipo de trabajo, que serían clave en el manejo de la emergencia sanitaria, pero que también se han convertido en los siguientes meses en el blanco preferido de los críticos de la estrategia gubernamental. A este grupo de profesionales de la salud, se les unió otro grupo de científicos de formación matemática y geográfica, adscritos a importantes instituciones académicas y Centros Públicos de Investigación, en quienes ha recaído la elaboración de modelos y pronósticos de comportamiento de la pandemia, así como la geo-referenciación de la evolución de la pandemia a lo largo del territorio mexicano. Lo interesante en esta pandemia ha sido la disponibilidad del gobierno de López Obrador de dejar que la pandemia fuese gestionada por los epidemiólogos y expertos en la materia, decisión que ha sido cuestionada por partidos de oposición, periodistas y líderes de opinión, cercanos en su momento al anterior régimen político de México.
Inicio de la Fase I: 28 de febrero de 2020
Desde el inicio del diseño de la estrategia del gobierno mexicano contra COVID-19, la misma estuvo fuertemente vinculada a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Salud (OMS), entre los que destaca la identificación de contagios por importación, establecimiento del protocolo de seguimiento a los síntomas más comunes en el portador del virus, aplicación de pruebas, principalmente en población de más de 40 años, identificación de comorbilidades asociadas al riesgo de salud, trazabilidad en primera instancia de la red de contagios, identificación del contagio comunitario, medidas de higiene, y finalmente el peso del distanciamiento y confinamiento social. En la primera fase de la estrategia, fueron aplicados en México todos los lineamientos antes mencionados, con excepción del confinamiento social, que sería la base de la segunda fase de la estrategia gubernamental.
Sin duda, la estrategia de comunicación seguida por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud ha sido fundamental para la contención de la pandemia y para evitar su desbordamiento. A partir del 27 de Febrero de 2020, se inauguran las conferencias de prensa diarias, las cuales son transmitidas a través de canales oficiales y redes sociales. El objetivo de la comunicación ha sido, por un lado, informar y educar oportunamente a los mexicanos sobre el comportamiento de la pandemia no solo en México, sino en el mundo; y por el otro, concientizar a la población sobre la necesidad de cuidarse del virus, alertar sobre sus peligros, promover la protección a los adultos mayores, alertar sobre el peligro de las comorbilidades, así como insistir sobre la relevancia de la estrategia de mantener una Sana Distancia, como medidas principales para prevenir el contagio del COVID-19.
Sorprendió que, en lugar de cooperar eficientemente, buena parte de los medios masivos de comunicación, así como gobernadores de oposición y líderes empresariales y de opinión se abstuvieron de reportar o transmitir adecuadamente la información requerida a la sociedad, generando con ello confusión y controversia. En cambio, desde que aparecen los primeros casos de COVID-19, estos actores se han dedicado a descalificar las acciones del gobierno. De manera sistemática han argumentado que el gobierno no ha contado con una estrategia para enfrentar la pandemia y que el haber dejado en manos de los científicos la gestión de la emergencia sanitaria es un signo de debilidad. Particularmente, argumentan que es vital hacer muchas más pruebas para detectar el virus, el contagio y seguir la trazabilidad de la propagación del COVID-19.
Lo anterior ha tenido eco en una parte de la sociedad mexicana; en gran medida, debido al comportamiento un tanto errático del presidente López Obrador en la primera fase de la pandemia. Por ejemplo, hizo giras a varios Estados y asistió a algunas concentraciones públicas y manifestaciones. Sus acciones fueron magnificadas o tergiversadas por la prensa nacional, lo que contribuyó a generar un clima nacional de crispación y una crítica poco constructiva y propositiva por parte de quienes rechazaban la estrategia del gobierno federal. De alguna forma, esta situación se trasladó a la prensa internacional, que ha tenido como sus principales referentes e informantes a este círculo de periodistas y líderes de opinión.
Otras críticas han sido alrededor del conteo de los fallecimientos en México, y de la acusación de que el gobierno deliberadamente ha dejado de contar decesos que, por sintomatología, debían ser atribuidos al COVID-19. En respuesta, la Secretaria de Salud ha declarado que en México la pandemia del COVID-19 se ha cruzado con la época anual —noviembre a marzo— de influenza que afecta las zonas frías del país. La neumonía —una afección de ambos virus— también ha estado presente, independientemente del COVID-19. Lo anterior se ha sumado a la escasez de pruebas de COVID-19 disponibles, en esos momentos acaparados por los países europeos que enfrentaban una alta prevalencia del virus.
De hecho, uno de los grandes problemas a los que se enfrentó el gobierno mexicano fue la insuficiente infraestructura de laboratorios certificados en el país para realizar el número de pruebas que hubiese sido deseable realizar. Sin embargo, la propia OMS siempre sostuvo que la aplicación de pruebas masivas no disminuiría el contagio, pero si distraería a los sistemas de salud. Por lo tanto, se optó por aplicar los recursos disponibles a la atención hospitalaria, buscando, como se dijo antes, que el sistema hospitalario no colapsara. Lo anterior era urgente, pues desde la primera fase de la pandemia, el sistema de salud en México reconoció la alta prevalencia entre los mexicanos de las morbilidades antes mencionadas, elevándose la alarma de complicaciones en enfermos COVID-19.
Inicio de la Fase 2: 24 de marzo de 2020
La campaña Quédate en Casa de confinamiento social, la Jornada de Sana Distancia y la puesta en marcha del proceso de reconversión hospitalaria han sido la base de la contención y gestión de la pandemia. Dicha estrategia incluyó la suspensión de las actividades escolares en todos los niveles educativos, la protección y cuidado a adultos mayores, y a personas con enfermedades crónico-degenerativas, la suspensión de actividades productivas no esenciales desde los centros de trabajo, la suspensión temporal de eventos y reuniones amplias, la intensificación de las medidas básicas de prevención, el inicio de trabajo en casa donde fuese posible y solo la permanencia de las actividades esenciales.
Las medidas de mitigación a nivel poblacional que se implementaban tenían como objetivo central aplanar la curva de contagios (como hubiese podido ser de no implementarse las diversas estrategias de contención y mitigación), es decir reducir la velocidad de contagio, con el propósito de poder administrar el riesgo y avanzar en el equipamiento de las unidades hospitalarias en el país, contratar y capacitar al personal de salud para atender pacientes en estado crítico. La estrategia de coordinar e integrar la respuesta hospitalaria para la atención de pacientes graves por COVID-19, se puede revisar en el documento Reconversión hospitalaria ante la pandemia de COVID-19 .
Esta tarea no fue nada fácil. El gobierno federal enfrentó gran presión no solo desde afuera, sino también desde el propio sistema de salud, por la escasez de equipos de protección que la pandemia demandaba, y que obligó al gobierno federal a responder rápidamente. Sin embargo, el propio presidente tuvo que enfrentar el boicot interno y la corrupción, que tal y como reconoció recientemente, todavía impera de manera extendida en los niveles medios y bajos de la administración.
Influyentes medios de comunicación, gobernadores de partidos de oposición al gobierno central, líderes empresariales y líderes de opinión continuaron arremetiendo duramente en contra de la forma de implementar esta segunda fase de combate a la pandemia. Se pugnaba por un cierre temprano de las actividades no esenciales, e incluso hubo voces que argumentaron a favor del uso de la fuerza pública para obligar a los ciudadanos a confinarse en casa, y con ello reducir los contagios.
Sin embargo, una de las principales preocupaciones expresadas por López Obrador, era el reconocimiento de que millones de trabajadores informales tendrían serias dificultades para confinarse en casa por un periodo largo al no contar con un salario permanente ni con seguridad social. En este sentido, los apoyos a los diversos programas sociales del presidente se mantuvieron y ampliaron, tales como el apoyo a los adultos mayores, y a los jóvenes aprendices. Estos también han sido criticados. En tanto, se diseñaron diversos programas de apoyo a micro empresarios y se decretó la prórroga de pago de rentas de vivienda, entre otros.
En esta fase el sector empresarial demandaba más apoyos para la pequeña y mediana empresa, solicitando que el gobierno suspendiese temporalmente cobro de impuestos y derechos así como pagos a la seguridad social. Para ello, se propuso el endeudamiento del país, lo cual en primera instancia fue rechazado por el presidente López Obrador, por su impacto futuro. La respuesta de los empresarios fue muy fuerte, aunado a un ambiente de despidos masivos de trabajadores en las diversas actividades económicas del país.
Inicio de la fase 3: 21 de abril de 2020
A pesar de la reticencia de muchos gobiernos estatales para colaborar en la concentración de datos que permitiese una mejor evaluación del avance de la epidemia y la preparación de la respuesta, el equipo de la Secretaría de Salud, con el respaldo del Consejo Nacional de Salud (a través del cual se coordinan la federación, las entidades federativas y la Ciudad de México) , logró vencer reticencias de la mayoría de los gobernadores, quienes poco a poco fueron accediendo a realizar reportes de forma oportuna, para dotar de herramientas a la administración federal para conocer el avance en el control de la pandemia. Cabe mencionar, que la estrategia de México en la pandemia ha sido constantemente reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instancias internacionales.
El 31 de mayo de 2020 concluyó la Jornada Nacional de Confinamiento Social y la República Mexicana inició su preparación para el regreso a lo que llaman “la nueva normalidad”. En esta etapa se ha planteado que la nueva fase de confinamiento social corresponda a la situación específica en cada Estado, ya que se aprendió que la pandemia evolucionaba de distinta forma dependiendo de la región. Por ejemplo, Estados como Quintana Roo y Yucatán venían en un claro descenso de contagios, mientras la Zona Metropolitana del Valle de México empezaba a mostrar signos de estabilidad. Se instauró un programa de Semáforo Móvil (verde, amarillo, naranja y rojo) para día a día evaluar la situación del COVID-19 en zonas, Estados y municipios.
Nuevamente, lo anterior generó una gran polémica. Pese a que la Secretaría de Salud desde semanas antes anticipaba un pico de la pandemia en México hacia las primeras semanas del mes de junio de 2020, los datos de contagio y mortalidad se han manejado de una forma amarillista, desconociendo cualquier explicación reiterada sobre la situación actual. Lo cierto es que, aún en los momentos más complejos de la pandemia en México, ha sido posible atender los requerimientos de hospitalización y entubado de pacientes graves.
Y aunque en varias zonas, Estados y municipios del país la emergencia sanitaria experimenta su pico máximo, en otros se advierten signos de desaceleración del contagio. Ante esta dualidad, México empieza a prepararse para la salida de esta tercera fase de la pandemia y para tratar de mitigar los daños causados en su economía.
Por otro lado, otra fuente de gran tensión entre los grupos y organismos empresariales y el presidente mexicano, ha sido un posible endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para obtener recursos de apoyar al sector privado. Para el gobierno de López Obrador el endeudamiento no era una opción, dado el actual alto nivel de endeudamiento (53.62% del PIB) incurrido por gobiernos anteriores. Su argumento ha sido que la contratación de más deuda significaría heredársela a varias generaciones de mexicanos. No obstante, el gobierno ha ampliado sus apoyos a pequeñas y medianas empresas, a través del ofrecimiento de créditos blandos y diversos esquemas de apoyo coordinados por la Secretaría de Economía. También el presidente y su gabinete han manifestado reiteradamente que al ayudar a la población más empobrecida se ayuda a mantener a flote a la economía mexicana, porque hay circulación de efectivo y capacidad de compra que al final beneficia a las medianas y grandes empresas del país. Sin embargo, en días recientes trascendió que México accedía a utilizar parte de la línea de crédito que había abierto desde 2019 con el Banco Mundial, recursos que ya se menciona podrán ser utilizados para otorgar más apoyos para mantener y recuperar los empleos perdidos por esta emergencia sanitaria.
Finalmente, en esta tercera fase, otro de los temas que también han sido relevantes y preocupantes es el de las llamadas empresas esenciales. México es un participante fundamental en Cadenas Globales de Valor, no sólo en el área de instrumentos médicos, sino también en la industria automotriz de los Estados Unidos. La paralización de algunos segmentos productivos de esta cadena que se produjeron en distintas partes del mundo, ha afectado al resto; y actualmente hay una fuerte presión para que una parte de las cadenas en México se reactive. Sin embargo, esta reactivación antes de tiempo, también puede generar un rebrote de la pandemia y afectar a esta población trabajadora.
A manera de conclusión
Sin lugar a duda, se puede concluir que a pesar de las dificultades por las que ha atravesado el gobierno del presidente López Obrador, su equipo de salud ha logrado su objetivo, que era administrar la pandemia y evitar la saturación de los hospitales, con objeto de darle un lugar y una atención a los enfermos de COVID-19 que requiriesen hospitalización. Aunque la pandemia se mantiene activa, existen indicios de que hay Estados en donde ya empieza a notarse la disminución paulatina del contagio.
El apoyo recibido por las instituciones académicas agrupadas en el sector salud y en el CONACYT para el manejo de esta pandemia ha sido fundamental para su gestión. A través de modelos matemáticos se ha pronosticado el comportamiento del contagio por COVID-19. Esto ha permitido adelantarse a situaciones de peligro, crear la estrategia de semáforos (verde, amarillo, naranja y rojo), ir mapeando diariamente el comportamiento del COVID-19 a nivel de ciudad, advirtiendo sobre el nivel de movilidad en diversos territorios. Esto ha sido de gran utilidad para demostrar que no hay una sola pandemia, ni que la misma se produce de igual manera en todos los Estados y ciudades.
Aun así, el gobierno actual enfrenta dificultades para construir una alianza en favor de México. Continúan las tensiones políticas y los actos de sabotaje a la política gubernamental contra la pandemia. Dos ejemplos son las “noticias falsas” y la reciente carta de algunos opositores al Presidente Donald Trump, solicitando su intervención para obligar a dimitir al presidente. Esto se debe, en parte, a la crispación entre los mexicanos que han perdido los privilegios que tenían bajo gobiernos anteriores, y que rechazan de manera particular la política social y económica de López Obrador. Sin embargo, el Presidente sigue teniendo el apoyo de amplios sectores de la población. Sin duda, la evaluación del nuevo gobierno no termina con la pandemia, sino que dependerá de la recuperación de la economía mexicana, que al parecer es ya la nueva preocupación del presidente y sus principales críticos.